De acuerdo con las reformas constitucionales en la materia, el Sistema Nacional Anticorrupción se define como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Esta proyección institucional permite afirmar que los retos no sólo tienen que ver con el cumplimiento en tiempo y forma de la expedición de leyes generales y las adecuaciones normativas correspondientes, tanto a nivel nacional como estatal a partir de la publicación del Decreto el 27 de mayo de 2015; sino con la creación de un nuevo modelo de ejercicio del servicio público en el que predominen el funcionamiento real de los sistemas de servicio civil de carrera o en su caso la implementación en muchos de los órganos de gobierno que carecen de ellos, el establecimiento de códigos de ética y la participación de órganos ciudadanos locales encargados de vigilar el actuar de los servidores públicos, así como los recursos públicos.

Por otro lado, me parece que dos de los principales logros que surgieron, en gran medida de las propuestas de la sociedad civil, y que van a formar parte de las directrices para dar respuesta a los retos mencionados, son las reformas a los artículos 108 y 113 constitucionales.

En la reforma correspondiente al artículo 108, se agregó el párrafo: “Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley”. Esto sin duda, va a contribuir a transparentar, y en gran medida, a modificar la percepción ciudadana sobre el ejercicio del poder político.

Con respecto a la reforma del artículo 113, en su fracción II, se crea un Comité de Participación Ciudadana que “deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”, este nuevo mecanismo de control ciudadano va a permitir vigilar y supervisar la política anticorrupción que se tendría que implementar a nivel nacional.

En este sentido, me parece que el reto más importante tiene que ver con la voluntad política de los legisladores no sólo para alcanzar los acuerdos institucionales necesarios sino para publicar su declaración patrimonial y de intereses sin esperar a que se expida la ley reglamentaria que lo determine. Eso representa una acción que necesita una sociedad para retomar la confianza; afortunadamente ya tenemos representantes que tomaron esa inteligente decisión.