El martes 15 de diciembre, el Senado de la República aprobó la minuta por la que se crea una nueva entidad que será la Ciudad de México; la reforma política constituye uno de los pendientes más importantes en cuanto a democratización nacional se refiere, al posibilitar una Constitución que permita a los capitalinos ampliar el régimen de derechos y garantías. Si bien aún falta la aprobación del proyecto en la mayoría de los congresos locales, esperamos que se haga con la misma celeridad con la que se dio la reforma energética, en donde en tan sólo 7 días se dio la declaratoria de constitucionalidad.

El que la ciudad de México se convierta en una entidad federativa con autonomía de gestión no es un tema menor, se trata de un proceso que se ha discutido desde hace casi 200 años en donde se pretende que la ciudad de México tenga las mismas responsabilidades que las demás entidades federativas, sin privilegios, pero tampoco sin desventajas.

Un cambio fundamental tiene que ver con la transformación de las delegaciones en alcaldías; en la actualidad, las delegaciones son un espacio de poder opaco y discrecional, no existen contrapesos ni rendición de cuentas efectivas, es por eso que con la creación de las alcaldías se busque por medio de concejales un mayor equilibrio y una mayor visibilidad de lo que ocurre en dichas demarcaciones.

Una vez aprobada la reforma política ni el presidente de la República ni el Congreso de la Unión volverán a decidir sobre la designación del titular de la Procuraduría de Justicia o la Secretaría de Seguridad Pública, siendo un elemento fundamental para la autonomía del Jefe de Gobierno.

Ahora bien, es necesario recordar que las reformas son producto de negociaciones entre los partidos políticos y que difícilmente una reforma va a satisfacer a todos los intereses.

Se consigue la reforma política para la ciudad de México pero desgraciadamente se queda corta. Se queda corta porque no se logra una plena autonomía financiera, es decir, la ciudad de México seguirá sin poder controlar su endeudamiento que continuará determinado por el Congreso, limitando la capacidad de planeación del gobierno.

Sin embargo, lo realmente preocupante es el procedimiento para llevar a cabo la Asamblea Constituyente que va a crear la nueva Constitución para la ciudad de México.

Se constituirá una Asamblea Constituyente compuesta por 100 legisladores, en donde 60 serán electos el 5 de junio del 2016 por medio de representación proporcional y los otros 40 serán designados de la siguiente manera: 14 por el Senado de la República, 14 por la Cámara de Diputados, 6 por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y 6 por el presidente de la República.

La primera crítica tiene que ver con la partidización del proceso, ¿por qué los 100 constituyentes no son designados por medio del voto universal y directo de los ciudadanos en listas abiertas?

Si realmente estamos hablando de un triunfo de los capitalinos, ¿por qué se imponen constituyentes por parte de los poderes constituidos? No hay que ser ingenuos, los constituyentes designados devienen de acuerdos políticos que se hicieron para posibilitar la reforma política.

El siguiente escenario nos muestra una posible configuración de la Asamblea Constituyente de la ciudad de México con relación a los resultados electorales del 2012 y 2015, así como los integrantes designados por cada poder según el equilibrio de fuerzas.

Al analizar los datos, nos damos cuenta que el Partido Revolucionario Institucional podría contar con 31 constituyentes, es decir, su presencia estaría sobrerrepresentada en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué un partido que desde hace más de 15 años tiene una presencia marginal en la entidad podría contar con la mayoría en la Asamblea Constituyente?

Y finalmente, es preocupante que no exista la disposición de un referéndum aprobatorio del texto constitucional por parte de la ciudadanía. No hay razón válida para que a la entidad con mayores índices de participación política no pueda decidir si está o no de acuerdo con la Constitución.

Con esto buscamos decir que celebramos este paso histórico hacia la autonomía de la ciudad de México, pero que lamentamos las formas. Esperamos que durante el proceso constituyente se abran mecanismos de participación ciudadana que propicien una mayor legitimidad en el texto constitucional.