Marco Arellano Toledo

Politólogo

@marellano7

Noviembre 20, 2018

La jornada electoral del 1 de julio ha sido histórica en muchos sentidos, no solo fue la más grande que haya organizado la autoridad electoral en tanto el número de puestos a elegir como el número de mexicanas y mexicanos convocados a votar, sino porque además tuvo un resultado contundente, no habíamos  tenido en la historia electoral moderna del país, un candidato a presidente que hubiera conseguido una mayoría tan importante, 53% de la votación respaldó una opción política que ahora tendrá su prueba de gobierno a partir del 1 de diciembre del 2018.

El resultado en general, así como la personalidad de quien ocupará el cargo de Presidente de la República por el periodo 2018-2024 han desatado múltiples comentarios, sobresaltos pero también festejos elocuentes sobre los cambios que están por venir. Las primeras declaraciones estridentes del presidente electo, los bosquejos de su programa de gobierno, las acciones en materia de ahorro de gasto público, el control de los estados a partir del fortalecimiento del los delegados estatales así como las propuestas para reducir la corrupción han puesto a discusión sí el Estado mexicano involucionará o realmente encontrará su cuarta transformación.

La principal preocupación que distintos analistas, líderes de opinión, clase política, intereses políticos y económicos han mostrado refiere a la posibilidad de una restauración del antiguo régimen, es decir, el regreso a los tiempos del presidencialismo fuerte, vertical, unidimensional, al país de un sólo hombre. Desde la ciencia política, la restauración del antiguo régimen puede entenderse como el mecanismo mediante el cual el ordenamiento político y legal de los poderes que le dan cuerpo al Estado se reconfigura y se ejercen de una manera antigua. Es decir, que el ejercicio del poder político de los tres poderes, sus contrapesos y sobre todo su mandato constitucional sufran un alteración que los llevé a operar bajo un mecanismo anterior.

En el caso mexicano, restaurar el antiguo régimen significaría que los poderes del Estado se ejercieran como se hacía anterior a la alternancia política, con una escasa división de poderes, un presidencialismo fuerte, mediador de la vida nacional, organizador de la vida pública, con un control en el Congreso y las carreras de los congresistas, sometimiento del Poder Judicial y sobre todo, con una ausencia de oposición política y pluralismo partidista que no hiciera contrapesos en las decisiones de gobierno. La restauración del antiguo régimen significaría un gatopartidismo mexicano, cambiar todo para que todo siguiera igual.

Más allá de la incertidumbre que genera para muchos grupos de interés la llegada de un nuevo presidente y la forma en la que éste está influyendo en la agenda nacional, incluso, antes de tomar protesta, los retos que enfrenta nuestra democracia son de mayor profundidad, éstos no están determinados solo por una restauración del antiguo régimen, sino además, por la amenaza de lo que Alexis de Tocqueville llamó omnipotencia de la mayoría. La cual, puede puede entenderse como el proceso mediante el cual las mayorías constituidas democráticamente atentan contra su esencia originaria y asientan duros golpes a las minorías generalmente opositoras a sus proyectos políticos.

La anulación de las minorías se realiza con revanchismo y constituye un vía directa al despotismo democrático o una tiranía democrática. En ambos casos, la mayoría abusa de su poder eliminando todas las opciones políticas minoritarias. El mecanismo de anulación es básico, se procesan las decisiones de gobierno sin contemplar ni negociar con otros sectores, intereses, ideologías políticas; el pluralismo político se invalida y solo se establece una verdad como única. No hay conversación ni debate, solo imposición. El juego democrático se altera, estableciendo una verdad y borrando de un plumazo los matices políticos que están en el propio equilibrio de la política y que garantiza la democracia. Sin pluralidad ni oposición política no hay democracia, hay autocracia.

Si las minorías no tienen oportunidad de ser incluidas en el procesamiento político tienden a optar por dos vías: aceptar la anulación o emprender la disputa en encubierto. Si optan por la segunda opción, esta consiste en atacar políticamente sin ser vistos, hostigando “al enemigo” en sus decisiones, generalmente lo hacen con células irregulares y dispersas. Actúan mediante ataques rápidos y sorpresivos, infiltrando comunicaciones, capturando y reclutando malestares; fundamentalmente es una táctica que lo subordina todo al desgaste. Este comportamiento fuerza a la mayoría despótica a incrementar sus niveles de acuerdo, refrendar su legitimidad popular, para posteriormente perseguir y señalar a la disidencia desleal, encarcelarla; el objetivo es acallar todo tipo de oposición política. Todo el procesamiento del conflicto se vuelve caos, la democracia se extingue.

Frente al reto que demanda trascender la omnipotencia de la mayoría, exigir un entendimiento distinto y democrático de los actores, tanto los que gozan de la mayoría así como las oposiciones minoritarias, es necesario que la clase política, los intereses de grupo, los medios, intelectuales y ciudadanía en general, defendamos la democracia constitucional, entendida ésta como un conjunto normativo de reglas y limites, de contrapesos y controles que ordena no solo el ejercicio del poder político sino, también, la estructuración de los derechos fundamentales y su tutela sin distinción de mayorías ni de las minorías, estableciendo un equilibrio de igualdad y robustecimiento del Estado democrático. Luigi Ferrajoli, ha articulado la noción de democracia constitucional a partir de su relación con las cuatro clases de derechos que deben garantizar los regímenes políticos: democracia política, asegurada por la garantía de los derechos políticos; democracia civil, que resguarda los derechos civiles; democracia liberal, en donde se consagran los derechos de libertad y la democracia social, que configura un Estado de derechos sociales.

Los tiempos que corren exigen una posición de alerta de todas y todos los actores políticos, en todos los niveles y en todos los terrenos, además de una ciudadanía exigente y atenta. No podemos convertir a la política en un juego de blancos y negros, o peor aún, los de un sólo color. Por el contrario, el llamado a las oposiciones inteligentes y a las mayorías negociadoras podrían fortalecer nuestra joven democracia y llevándonos a un nuevo estadío de entendimiento político y social. La responsabilidad es de todos, de ganadores y perdedores, de mayorías y minorías. El país es de todos.