Durante décadas, lxs mexicanxs, de ciertas entidades federativas cohabitaron con los miembros del crimen organizado. Las balas sólo alcanzaban a quienes se aventuraban a entrar en ese mundo ajeno a los ciudadanos probos. Así fue hasta que el ex presidente Calderón inició su “lucha contra el narco”, ésta que propagó por todo el país, además de sangre; miedo, violencia e impunidad.

La violencia se reprodujo. Los robos simples se convirtieron en robos con violencia, las tasas de secuestros y homicidios se dispararon. La exigencia ciudadana para que el Estado cumpla su parte del contrato social y brinde seguridad, no se ha cumplido por su evidente incapacidad.

Seguimos ante una compleja situación que requiere un Poder Legislativo que obedezca a respuestas analizadas desde el punto de vista de la solución al problema y no de aquellas que surgen de la necesidad de “proponer” “para que no digan que no trabajamos” o peor aún, presentar iniciativas solo para sumar like’s o retuit’s.

Recientemente, en el Senado de la República se presentó una iniciativa con la que –supuestamente- se pretende preservar el derecho a la legítima defensa y combatir la creciente ola de asaltos en negocios y en la vía pública a través de la reforma al artículo 10 constitucional. De tal forma que ahora una persona pueda poseer armas tanto en su domicilio, como en su negocio o su automóvil.

Indudablemente preocupa el tema por las consecuencias fatales que la propuesta podría conllevar de no analizarse adecuadamente pero desde el punto de vista del trabajo legislativo inquieta que el legislador afirme que es una iniciativa trabajada durante tres años. ¡Tres años! Con un resultado pobre, con seis fojas que dejan mucho que desear no por la cantidad sino por la calidad de las mismas. Donde está ausente el análisis serio de la problemática; los datos son retomados de fuentes acotadas e incluso de fuentes periodísticas locales.

Sin embargo, el Senador que osadamente realizó la propuesta se presentó en noticieros principales y otorgó múltiples entrevistas. Es decir, atrajo la atención de los medios, aunque sin conjugar armónicamente la comunicación con la política. Con este ejemplo, nos damos cuenta cómo somos rehenes del primero al quinto poder en la construcción de “agendas políticas”.

Tenemos un Congreso costoso e ineficiente. Quienes hemos colaborado en el Poder Legislativo sabemos de la urgencia de profesionalizar el trabajo parlamentario. La capacitación tanto de lxs asesorxs como de lxs propixs legisladorxs es una inversión, no un gasto, que proporcionaría las bases para dejar en el pasado este Congreso cuyos integrantes únicamente reaccionan frente a lo vendible en los medios y las redes sociales. Es un juego que resulta carísimo y sólo se acabará cuando lxs ciudadanoxs leamos las iniciativas presentadas por nuestrxs legisladorxs, cuando nos informemos.

 

Sobre la autora:
Sandra Praxedis Hernández
Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. A nivel internacional, ha sido cooperante humanitaria y activista en países de África y Asia. En México, se ha desarrollado profesionalmente en el Poder Legislativo, tanto en el Senado de la República, como en la ALDF y la Cámara de Diputados.