Cuatro estampas electorales en México de los últimos doce años, anticipo de lo que vivimos. Una, el 24 de septiembre del 2003, el entonces consejero electoral, José Woldenberg declaró, días antes de dejar el Instituto, que tres eran las características esenciales que debieran tener los nuevos consejeros que integrarían el IFE: “un apego irrestricto a la ley, valorar la autonomía del organismo para comprender que todas las resoluciones del Instituto tienen que tomarse sin interferencia de ninguna fuerza externa y trabajo en equipo” (El Universal, 24 de septiembre, 2003). Dos, el 28 de noviembre del 2007, luego de la problemática elección del 2006, bajo múltiples presiones de los partidos políticos, Luis Carlos Ugalde se despidió como presidente del Consejo General; en su discurso de despedida Ugalde destacó que “sin independencia del órgano electoral se rompe el equilibrio central entre partidos y ciudadanos” (El Universal, 28 de noviembre 2007). Tres, el 30 de octubre del 2013, Leonardo Valdés Zurita, sale del instituto bajo presiones partidistas y alerta en ese momento que la negociación en torno a la reforma electoral “vulneraba lamentablemente, la garantía constitucional de estabilidad e independencia de esa autoridad electoral” (El Universal, 30 de octubre del 2013). Cuarta, el 19 de mayo del 2015, se filtra intencionalmente el audio de una conversación telefónica del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello. El contenido del audio, muy desafortunado, evidencia al consejero en la esfera privada burlándose de comunidades indigenas. Al margen de lo dicho por Córdova, a todas luces lamentable, la conversación es utilizada por distintos actores políticos como pretexto para exigir la renuncia del consejero presidente. En todo caso, la prudencia política se impuso y dada la cercanía de la jornada electoral se cerraron (momentáneamente) filas para que permaneciera en su encargo.

Las cuatro estampas presentadas visibilizan la preocupación de los consejeros presidentes sobre la autonomía e independencia de la autoridad electoral. En dos de los casos, Ugalde y Váldes Zurita, la salida fue motivada por los propios partidos a través del Congreso de la Unión. Si alguien sabe de la tensión entre autonomía y dominio partidista son los consejeros presidentes. Más de uno se ha ido porque los partidos y sus parlamentarios no han estado de acuerdo con su actuar, o en muchos de los casos, porque no han querido actuar a favor de ellos. Existe evidencia para creer que la filtración de la llamada telefónica del consejero Córdova es justo, un amague de un partido político o de una coalición de intereses partidistas, para influir en las decisiones del Consejo, o en su defecto, para tronar al presidente de éste.

Lo cierto es que se ha dado por sentado que la autoridad electoral es autónoma de los poderes del Estado. Por el contrario, los hechos y las acciones de la clase política demuestran que los consejeros electorales son una expresión de fuerzas políticas partidistas, en contrasentido de su naturaleza originaria, ciudadanos que debe garantizar equidad, certeza e imparcialidad en los procesos electorales.

Los retos que enfrenta el órgano electoral son quizá los más desafiantes de su propia historia. Si bien la elección de 2015 se consumará y con ella se designará de forma pacífica, pero no por ello, con múltiples impugnaciones, la integración de la Cámara de Diputados, está elección muestra con suficiente claridad la crisis que nuestra incipiente democracia está viviendo. Dentro de dichos retos se asoma la necesidad de la refundación del modelo, algo doloroso, políticamente muy costoso y complejo para todos, clase política y ciudadanos. Destacan al menos cinco grandes desafíos para el órgano electoral: autonomía, hiperregulación, desprestigio, participación de los ciudadanos en la organización electoral y costo del proceso. Los expongo a continuación.

La democracia procedimental en México se concentró en un asunto toral: el respeto al voto. Sobre este principio se construyeron instituciones, procesos, procedimientos y sobre todo, leyes que dieran certeza cabal de que los votos contaban y eran bien contados. Con base en ese objetivo, la clase media y sus intelectuales de punta diseñaron un esquema que permitía que fueran los mismos ciudadanos, esos que creemos inmaculados, los y las que organizaran las elecciones y contaran los votos. Para ello se requería que la autoridad y los órganos electorales dejarán de ser parte de la Secretaría de Gobernación, se ciudadanizaran y fueran autónomos, en presupuesto, en estructura, conformación y en decisiones.

Hoy, esa realidad sufre matices y cambios sustanciales. Si bien, siguen siendo los ciudadanos los que participan en el conteo de los votos, los consejeros electorales y parte de la estructura electoral se ha desciudadanizado. Muchos de ellos se convirtieron en peones de un tablero de ajedrez político en el que no juegan y sólo son expuestos, quitados y devorados. Si bien el INE es la institución más notable que este país se ha dado, la eterna sospecha del fraude y el agandalle partidista la han rebasado.

Por otra parte, la hiperregulación en la que ha decantado el modelo lo ha hecho insostenible. Si bien, no se trata de eliminar todas las disposiciones generadas y consolidadas a lo largo de 20 años, es necesario superar el reformismo electoral que elección tras elección y de acuerdo a los intereses de los partidos ganadores y perdedores, detona un conjunto de nuevas disposiciones. El órgano electoral no puede ser omniabarcante, es decir, regular y vigilar todas y cada una de las nuevas formas de hacer trampa que inventan los partidos. Esta hiperregulación ha llevado a que la sospecha, la trampa y la falta de ética política de todos los actores demanden una autoridad suprema que vigile, documente, juzgue, genere evidencias, blinde, observe, duplique y valide todo el proceso electoral en todas sus etapas en aras de brindar confianza y certeza frente a la desconfianza y la incertidumbre que los propios partidos propician. El resultado ya lo conocemos, más procedimientos, más gastos, más energía institucional empleada para cubrir las nuevas responsabilidades que la ley le obliga a cumplir a la autoridad electoral, elección tras elección, producto de que las trampas de los partidos son cada vez más sofisticadas e imaginativas.

Otro reto a superar es el desprestigio con el que cuenta la autoridad electoral. Aquí todos han incurrido en el deterioro del órgano electoral. Tanto partidos como clase política, candidatos, consejeros electorales federales (ahora nacionales), estatales, distritales, así como algunos miembros del servicio profesional electoral. Todos en distintas formas y con diferentes intencionalidades. Manoseados por partidos y por la élite política, las personalidades que han integrado los Consejos Electorales en todos sus niveles, son cada vez más profesionales de la política y menos ciudadanos, sus designaciones han sido por cuotas partidistas, copulares, calculadas políticamente, sus sueldos son onerosos y a veces injustificados. Todo este crisol de problemáticas ha modelado una percepción al ciudadano de que existe una fusión entre autoridad electoral y élite política que ahora castiga, señala, cuestiona y de la cual desconfía. En cuanto a los miembros del servicio profesional electoral, éstos se han visto rebasados por el exceso de responsabilidades, la misma paga, la duplicidad de funciones entre órganos locales y ahora nacionales, la falta de brújula institucional, el clonaje administrativo de casi todos los procesos y así como la necesidad de dejar evidencia documental en todo, lo que ha detonado un escenario de pereza, los servidores tienen hastío, su accionar es cada vez más confuso y menos racional.

El cuarto reto que enfrenta el INE es el de la participación de los ciudadanos en la jornada electoral. Si bien, en cada elección se constata que aún sigue habiendo ciudadanos que participan con determinación y compromiso, lo cierto es que en 2015 el modelo ha mostrando su agotamiento. Se estima que el 28% de los ciudadanos a nivel nacional que resultaron sorteados para participar en esta elección se negaron a atender dicha solicitud. Un porcentaje histórico que muestra el poco entusiasmo de la ciudadanía en lo que hasta hace poco era un deber cívico que se atendía con ahinco. Ya en el día de la elección, el porcentaje de ciudadanos que no llegó para actuar como funcionarios de casilla fue aproximadamente del 13%. Si hace 30 años existía la queja de que las elecciones eran organizadas por Gobernación, porque no eran libres, autónomas, equitativas y transparentes, por qué ahora que son organizadas por ciudadanos se reniega al llamado a contar los votos y asegurar la transparencia en el proceso. La respuesta es multifactorial, el descrédito de la política, la clase política y los que detentan los poderes del Estado son la principal razón, sin embargo, a ella se suman justamente el desprestigio del INE, su incapacidad para motivar el civismo de la ciudadanía y contrarrestar el desencanto por la política, además de un malestar social y ciudadano que se potencia frente a las pocas ofertas tanto de partidos como de proyectos políticos.

Por último, el quinto desafío a superar es el altísimo costo que representa el mantenimiento y supervivencia del propio órgano. Si bien, el instituto no es responsable de la cuantiosa suma de dinero que se tiene que invertir para realizar su tarea institucional, lo cierto es que los procesos electorales cada vez cuestan más para todos los contribuyentes y esto sin contar el financiamiento que se da a los propios partidos políticos. La elección en 2015 tuvo una inversión histórica, superando los 18 mil 572 millones de pesos. Este gasto muestra los excesos hasta los que se ha llegado con tal de obtener la ansiada garantía del ejercicio de los derechos político-electorales que todos los partidos se empeñan en vulnerar, pero que en la simulación y en su doble discurso exigen a la autoridad electoral garantizar.

Seguramente, sumados a estos cinco retos existen muchos más que deben encontrar visibilidad en el diseño de un nuevo modelo de democracia procedimental. Ésta, la que tenemos actualmente, empieza a mostrar su agotamiento, es menester de todos iniciar la discusión de cómo encontrar nuevamente el cauce democrático así como revitalizar la energía ciudadana que ha perdido la confianza en quienes participan y organizan el proceso, así como en los partidos sus candidatos y proyectos.