Texto por Alonso Vázquez Moyers


Parto de una premisa: existe una industria de evasión fiscal. Para evitar el excepcionalismo, diré que no es exclusiva de México, aunque me referiré, a partir de algunos ejemplos, al caso mexicano. 

Por ahí de 2011, trabajaba en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esencialmente, elaboraba proyectos de sentencia. 

No era inusual que, en los asuntos por determinación de cuotas del IMSS, uno de los argumentos centrales para demandar la nulidad de las resoluciones fuera la negativa de la relación laboral. En términos jurídicos, eso revertía (aún lo hace) la carga de la prueba a la autoridad. Es decir, correspondía al IMSS probar que los trabajadores por cuya omisión de pago de cuotas se había determinado el crédito fiscal, eran efectivamente trabajadores de la empresa. Por motivos en los que no ahondaré, el IMSS se veía constantemente impedido para acreditar dicha relación. El resultado: no cumplimiento con obligaciones fiscales (las contribuciones son el género, del que los impuestos y cuotas del IMSS, entre otras, son especie).  

Otra estrategia (es un decir) era constituir empresas en domicilios deliberadamente ilocalizables y, nombrar apoderados y representantes legales, a los conserjes o vigilantes. De esta manera, si el SAT, el IMSS o el INFONAVIT trataban de notificar al contribuyente de alguna omisión o determinación, les resultaba imposible encontrar el domicilio, a la persona, o ambas. Normalmente esta última. Desde luego, como autoridad jurisdiccional la práctica se revelaba sistemática. 

Sin embargo, la naturaleza y atribuciones de los tribunales administrativos impiden que esas prácticas sean consideradas como elemento para resolver los asuntos del conocimiento de esos órganos jurisdiccionales. De tal suerte que sólo expongo una especie de presunción. Probarlo necesitaría de una investigación fiscal-penal. Acaso, de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

El derecho fiscal es una industria muy lucrativa para quienes se dedican a su litigio. Sobran ejemplos como los anteriores, argumentos de dudosa ética jurídica, relaciones perversas entre empresas, abogados y autoridades, etc. Con ello no quiero decir que no deban existir medios de defensa, tribunales que conozcan de los casos y abogados que puedan representar a los particulares. La materia puede resultar fascinante, pero, también altamente gravosa si se establecen esquemas perniciosos como en México. Es todavía más evidente en el caso del amparo fiscal, donde además de los esquemas de evasión, hay tráfico de influencias. El caso Júmex-Diego Fernández de Cevallos es buen botón de muestra. Como el tema es harto polémico, remito simplemente a las investigaciones de Carlos Elizondo. En particular, al artículo llamado “La industria del amparo fiscal”

Vuelvo a las contribuciones y con ello a mis argumentos. Utilizaré de ejemplo a la tenencia. Creo que el primero en suprimirla fue José Calzada, cuando gobernaba Querétaro. La medida fue sumamente popular y la replicaron en varios estados, incluida la capital de la República, gobernada entonces por Marcelo Ebrard. El problema fue que se generaron esquemas diferenciados. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un límite para la exención de la contribución. Pagan todos los vehículos que superen los 250,000.00. Estados vecinos como Morelos o el Estado de México, no tienen esos límites. Con ello, se construyó una economía. De esta manera, concesionarios y gestores dedican y promueven el emplacamiento en estas entidades. En perjuicio de la hacienda de la Ciudad de México. Acaso sin saberlo, formaron un esquema de defraudación fiscal. 

“Si yo viera mis impuestos en las calles, escuelas u hospitales, pagaría con gusto”.

La pregunta de fondo es cómo se ha construido esa cultura de no pago de impuestos. Tengo un par de hipótesis. La primera, casi obvia, es la legitimidad. Conversaba con un familiar que tiene un auto con placas del Estado de México, para evitar la tenencia de la Ciudad de México. Decía que se trata de una contribución injusta. Primero se estableció como contribución de mejora, luego se perpetuó en el sistema fiscal mexicano, con efectos múltiples. Casi todos positivos, salvo porque se trata de dinero que va de nuestros bolsillos a las arcas públicas. El punto es que hay contribuciones que las personas advierten como ilegítimas. Por lo tanto, no hay nada de malo en incumplirlas. Además, ligado a la legitimidad, existe la idea (con razones, desde luego) de que las autoridades se roban ese dinero. De tal manera, pagar impuestos es financiar viajes, autos, comidas, ropa, mansiones, etc. (hasta gel para el cabello), de los funcionarios de alto nivel. 

La segunda hipótesis resultará chocante para más de uno. No faltará aquí la adjetivación. Es la hipótesis chaira. Y, sin embargo, se comprueba. 

El neoliberalismo ha construido una antropología (la idea no es mía, se encuentra en Marshall Sahlins, en el libro La Ilusión Occidental de la naturaleza humana) en donde el individuo ocupa el centro de las explicaciones políticas y sociales. No sólo el individuo, aclaro. Cierta clase de individuo, el racional. Y, según esto, todos somos racionales. Es decir, nuestras motivaciones son egoístas. Ya sea que se trate de políticos, empresarios o contribuyentes, siempre trataremos de actuar en nuestro beneficio. No hay nada natural en eso, salvo que se ha naturalizado. Esto tiene consecuencias éticas. El ethos del hombre racional no es la comunidad, es decir, el colectivo, sino él mismo. Además del argumento utilitario, el relato del neoliberalismo pinta al Estado como un ente necesariamente corrupto e ineficaz. Los impuestos son el epítome de ese aparato burocrático y chupasangre. Como industria, la evasión fiscal está inserta en al menos esos dos marcos significativos. 

En eso, el nuevo gobierno acierta: hay que fundar una nueva ética de las contribuciones. Aunque no nos guste. Es más polémico definirlo como delincuencia organizada, aunque lo sea. Porque normalmente eso se deja para los malos construidos complementariamente por el discurso jurídico del neoliberalismo. La frontera es mucho más borrosa que lo que hasta ahora entendemos por eso. Dedicaré -acaso- otro artículo al respecto. 

Acudir al derecho penal como medio siempre es problemático y, acaso, se opone al discurso del ethos. Asume que los sujetos son efectivamente irreformables, por lo que sólo se les puede obligar mediante la coerción. Un error.

Alonso Vázquez Moyers es licenciado en Derecho, especialista en derecho administrative. Es candidato a Doctor por la Facultad Mexicana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), donde realiza una investigación sobre las geografías jurídicas de la guerra contra el narcotráfico