A pesar de que en el Proyecto de Presupuesto para 2017 del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ya contempla casi 28 millones de pesos para la Plataforma Nacional de Transparencia, esta aún presenta fallas que dificultan el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Estas fallas no son cosa nueva. Desde el lanzamiento de la Plataforma en mayo de este año, el portal significó un gran esfuerzo tecnológico para recolectar información, servir como medio de comunicación entre sujetos obligados y por supuesto, como un medio de fácil acceso para que muchos ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a la información. Sin embargo, desde las primeras semanas posteriores a su lanzamiento, varias fallas se hicieron notar.
La Plataforma Nacional de Transparencia exige un medio de identificación (como nombre, correo electrónico, Twitter o Facebook) para poder iniciar con una solicitud de información, la página se traba, en dispositivos móviles se complica el acceso y la navegación y algunas dependencias o entidades no aparecen en el sistema o tardan demasiado en cargar.

Debe reconocerse que los comisionados han dejado claro que han llegado a acuerdos con las empresas responsables para solucionar estos problemas, sin embargo, es necesario señalar la necesidad de establecer sanciones por el mal funcionamiento de la Plataforma y por supuesto revisar y reforzar los procesos de contratación y licitación por parte del INAI, con la finalidad de asegurar que este tipo de situaciones no ocurran y para que todo tipo de contrataciones posteriores se hagan bajo las mejores prácticas de contrataciones publicas y en apego al principio constitucional de eficiencia y a precio conveniente como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

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