Judith Alejandra Nieto Muñoz

Politóloga y abogada especialista en materia electoral.

@JudithANieto

Recientemente una parte de la discusión pública ha girado en torno a las propuestas de reforma en materia electoral que, principalmente, han sido impulsadas por algunos legisladores de MORENA. En particular, destacó la del Diputado Sergio Gutiérrez Luna[1], posiblemente por dos razones: es hasta ahora la iniciativa que propone realizar más modificaciones (bajo la premisa fundamental de que las elecciones cuesten menos) y su promotor fue también el encargado de presidir el grupo de trabajo para la reforma electoral, a través del cual se organizaron los foros en donde más de 70 especialistas acudieron a presentar sus reflexiones.

Sin embargo, en lugar de revisar en este momento las iniciativas y hacer un análisis sobre sus implicaciones, me parece que es necesario dar un paso atrás. El año pasado se celebraron elecciones federales en concurrencia con elecciones locales en 30 entidades y tuvimos la posibilidad de votar por más de 18 mil cargos de elección popular (entre ellos la Presidencia de la República y los 628 curules de ambas cámaras del Congreso de la Unión). Fue la jornada comicial más grande de la historia por donde se mire: en términos del universo potencial de votantes, de la totalidad de cargos a elegir, de la cantidad de candidaturas registradas, de la cantidad de casillas instaladas, del financiamiento público y privado invertido en las campañas[2], etc.

Pese al potencial de conflicto, las elecciones de 2018 serán recordadas porque sus resultados reflejaron el deseo de la ciudadanía mexicana de probar una opción política diferente. Las disputas postelectorales, sin duda, no fueron centro de la discusión y sus resultados fueron aceptados –salvo excepciones– por quienes participaron en la contienda y por la ciudadanía.

Además, desde 2014 (momento en que el Instituto Federal Electoral se transformó en Instituto Nacional Electoral), sabemos que cerca del 60% de todas las elecciones (municipales, estatales y federales) han resultado en alternancias –es decir, escenarios donde el partido en el poder perdió la elección subsecuente– y, en el caso específico de las gubernaturas, esa cifra alcanza el 66% del total (el partido en el poder perdió en 23 de 35 ocasiones).[3]

Se puede decir, entonces, que las elecciones: son periódicas, son libres, el poder se está transmitiendo pacífica e institucionalmente, sus resultados son ampliamente aceptados e, incluso, la cadena de procedimientos en general resulta tan exitosa y confiable que México es un referente mundial en cuanto a organización de elecciones.  

Entonces ¿por qué estamos discutiendo, nuevamente, una reforma electoral con semejante alcance? Y, más importante aún, ¿cómo debemos leerla quienes nos encontramos fuera del espacio de toma de decisiones?

Toda elección representa una posibilidad de aprendizaje para las autoridades encargadas de organizarla y ejecutarla y para quienes participan en ellas. Por lo tanto, resulta natural (e incluso es deseable) que, una vez habiendo renovado la mayor parte de los cargos de elección popular en el país, se abra un momento ideal para hacer ajustes.

Sin embargo, históricamente las reformas en esta materia se fueron aprobando, de manera gradual, conforme la oposición logró incrementar sus capacidades de negociación y presionó para generar condiciones que le permitieran ganar espacios de representación. Puede decirse que el grupo en el poder cedió y aprobó reglas más incluyentes y democráticas como una forma de contener el ánimo de quienes eran minoría.[4] Sin embargo, hoy vemos que es precisamente MORENA, el partido que ganó la mayoría de los cargos federales y buena parte de los locales, el que las promueve.

Pese a ser poco común, esto no es negativo por sí mismo. Sin embargo, al momento de revisar el contenido de las propuestas sugiero hacernos algunas preguntas para evaluar su pertinencia: ¿las modificaciones ponen en riesgo la certeza, equidad e imparcialidad de futuros procesos electorales? ¿su aplicación promueve la concentración del poder y dificulta la competencia política? ¿el ahorro de recursos es demostrable y justifica la decisión? ¿las minorías actuales están a favor o en contra de dichas reformas?

Responder esas preguntas con objetividad y sistematicidad proporcionará un buen parámetro de evaluación. El espacio que se abrió desde hace unas semanas y hasta el inicio del próximo período ordinario de sesiones (1° de septiembre) durante el cual se pretende votar el dictamen, es una oportunidad ideal para hacerlo. Ahora, nos corresponde generar y compartir información que permita ejercer una ciudadanía responsable, cuidando que los cambios a nuestro sistema electoral sean para perfeccionarlo y que no pongan en riesgo la democracia que ha costado tantos años construir.  


[1] Publicada en la gaceta parlamentaria el pasado 7 de marzo de 2019. Disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa1

[2] La numeralia oficial del proceso electoral 2017-2018 está en https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/07/28-Numeralia01072018-SIJE08072018-FINAL.pdf

[3] Los datos los proporcionó el presidente del Instituto Nacional Electoral durante su participación en el Foro para el análisis y discusión de la reforma electoral, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kOvRmNMgneA&feature=youtu.be

[4] Al respecto, sugiero consultar los siguientes textos:

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacion/reforma-electoral
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/revisemos-la-historia-3761903.html