De cara al 8 de marzo, fecha en que se celebra el Día internacional de la mujer trabajadora, las decisiones en torno a la mejora de la vida de las mujeres por parte de diferentes instancias del Estado mexicano han hecho evidente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que recién cumple cien días de gobierno, carece de perspectiva de la visión y las herramientas necesarias para abordar las necesidades de las mujeres. Esto, a pesar del anuncio de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero quien presentó un plan para atender la violencia de género y dar una perspectiva distinta a la estatización de los refugios que atienden a mujeres que sufren violencia, muy distinta al recorte presupuestal para éstos anunciado la semana pasada. Aunque la Secretaria habló también de una reforma al Código civil nacional para asegurar la despenalización del aborto, el congreso de Nuevo León aprobó la criminalización de quienes decidan recurrir a un aborto o facilitarlo.

            A esto se suman los recortes a las estancias infantiles, una medida que vulnera un derecho de las madres y padres trabajadores, además de los derechos de los y las niñas que merecen estar en un sitio seguro; sobre todo porque a estas estancias acuden quienes no cuentan con prestaciones de ley y, por tanto, no acceden a los servicios de guarderías de IMSS o ISSSTE. Por supuesto, esto afecta mucho más a las mujeres que aún cargamos mayor peso en las labores domésticas y de cuidado. Por otro lado, muchas de las OSC a las que también se les recortó presupuesto atienden a mujeres a las que el Estado ha sido incapaz de garantizarles apoyo psicológico o asistencia legal con perspectiva de género. El rasero aplicado so pretexto de la lucha contra la corrupción evidencia que el Estado mexicano no garantiza el bienestar de las mujeres al dejar sin recursos a espacios que luchan contra la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, por no mencionar a las educadoras y profesionales que se quedan en el desempleo y para quienes, por supuesto, no hay ningún apoyo estatal que, además, no sustituiría de ningún modo el desarrollo profesional, el espacio de sociabilización, ni los derechos laborales de los que deberían gozar estas trabajadoras.

            Si una de las razones de ser del Estado es asegurar la vida y el bienestar de sus habitantes, debemos cuestionar a quiénes responden las estructuras gubernamentales y los órganos de decisión del gobierno actual que, por el momento, ante necesidades urgentes para resguardar la vida, la seguridad y el desenvolvimiento profesional de las mujeres, antepone una suspensión, como si la vida de algunas valiera menos que las de otros. Sin embargo, hoy marchamos para recordarles que nuestros derechos no se negocian, que nuestros votos y nuestras vidas tienen el mismo valor que el de nuestros pares varones. Hoy, 8 de marzo salimos a exigir nuestros derechos, a defender nuestra autonomía, a mostrar la dignidad de la que estamos hechas.

@GaOrtuno
Gabriela González Ortuño, Lic en ciencias políticas, maestra y doctora en estudios latinoamericanos. Profesora en UNAM y 17 instituto de estudios críticos, parte de colectivo Muñeca Fea.