Tamaulipas ha estado en la escena política nacional por muy penosas razones. La inseguridad es la calamidad principal que hace que este estado y sus municipios reciban calificativos peyorativos relacionados con sus altos índices delictivos, Trampaulias, Mataulipas, Ta-Ta-Tamaulipas son sólo algunos.

 

Hace más de un año, se celebraron elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, los 43 Ayuntamientos y el Congreso Local. En cualquier encuesta, la preocupación principal de la sociedad de Tamaulipas era la falta de seguridad pública. Los enfrentamientos constantes entre bandas criminales y de éstas con las fuerzas del Estado. Los secuestros, extorsiones y otros delitos se estima van a la alza y si es el caso contrario la gente no lo percibe así.

 

Por ello, este fue el tema esbozado en la mayoría de los discursos y de los spots de todos los candidatos de todos los partidos a la Gubernatura, Ayuntamientos y diputaciones locales.

 

El 5 de junio de 2016 sucedió lo que muchos pensaban pero poco decían. Con una ventaja de más de 200 mil votos en la elección para Gobernador, ganó el Partido Acción Nacional la silla principal del Estado. Obtuvo 18 de las 22 curules de mayoría del Legislativo. Triunfó en municipios emblemáticos como Reynosa y Nuevo Laredo y recolectó ayuntamientos pequeños y medianos que le dieron al PAN herramientas políticas envidiables para hacer un buen gobierno.

 

Específicamente, la integración del Congreso suponía (o supone todavía) una ventaja muy importante para el Ejecutivo, por la mayoría que tiene con sus correligionarios y aliados. 20 diputados del PAN, 11 del PRI, 2 de Nueva Alianza, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 del Verde Ecologista y 1 de Morena.

 

En el más reciente estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) titulado “Informe Legislativo 2017”, el Congreso tamaulipeco se sitúa en el tercer lugar entre los que menos presupuesto asignan por diputado, esto es 4.3 millones de pesos de presupuesto por cada diputado, mientras que el promedio nacional es de 11.1 millones de pesos. Además, cada diputado, en promedio, representa a 100,628 habitantes de Tamaulipas.

 

A lo largo del primer año de labores de la 63 Legislatura del Congreso del Estado, como institución se ha visto envuelto en algunos “escándalos” legislativos y por ello, se realiza este ejercicio de agrupar los 9 decretos que más revuelo causaron, con su respectivo análisis legal y un intento por desmenuzar su contenido desde una óptica política.

 

1.- Decreto LXIII-4, por medio del cual se ratifica el nombramiento de Irving Barrios Mojica como Procurador General de Justicia del Estado.

 

Es importante mencionar algunos antecedentes del caso. Todavía en funciones la legislatura anterior, se modificó la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado para efecto de permitir a cualquier mexicano la posibilidad de acceder al cargo de Procurador, eliminando la exigencia de que dicho funcionario deba ser ciudadano tamaulipeco.

 

Ya que esta reforma pasó días antes de que iniciara la administración 2016-2022, la opinión pública especuló, y más adelante se le daría la razón, que el nuevo Procurador no sería oriundo del Estado.

 

Así, uno de los primeros actos del Ejecutivo fue el de proponer el nombramiento del Procurador en la persona del Doctor Irving Barrios Mojica, oriundo del estado de Guerrero y funcionario de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Felipe Calderón.

 

La discrepancia surgió por la supuesta participación del hoy Procurador en la fabricación del operativo que se conoció popularmente como “Michoacanazo”, en donde varios alcaldes, de extracción perredista, del Estado de Michoacán fueron detenidos y encarcelados. Esto suponía que, presumiblemente, Barrios Mojica llegaba a Tamaulipas a hacer algo similar (lo que hasta hoy no ha ocurrido).

 

Se sabe que posteriormente, los presidentes municipales detenidos fueron liberados por una sentencia del Poder Judicial de la Federación y, actualmente, el Juez de Distrito que concedió la libertad se encuentra sujeto a investigación por el Consejo de la Judicatura Federal.

 

2.- Decreto LXIII-92 por el cual se aumenta del 2% al 3% el Impuesto sobre Nómina y no se elimina la tenencia.

 

El dinero siempre ha sido causa generadora de problemas. Entre familias. Entre amigos. Ni que decir entre políticos. Anualmente, las tribunas de la Cámara de Diputados y de las 32 legislaturas estatales se ven envueltas en aguerridas peleas por el reparto del presupuesto, y la lucha es peor cuando se trata de encontrar las fuentes de financiamiento, ya sea a través de recortes a ciertos rubros o la creación de nuevos impuestos.

 

Sin embargo, es común escuchar en las campañas políticas, ya sea en forma expresa o implícita, que los candidatos prometen la reducción y hasta eliminación de los impuestos. Una medida bastante popular en términos electorales pero muy difícil de aterrizar una vez en el poder.

 

Tamaulipas no fue la excepción y aunque la promesa sólo se hizo como dice la canción “te digo que sí, pero no cuando”[1], al analizarse el estado de las finanzas para el ejercicio del año 2017 se resolvió que era imposible eliminar de golpe la tenencia e incluso se aumentó el Impuesto sobre Nómina del 2% al 3%.

 

No obstante ello, como medida de apoyo el Gobierno del Estado emitió un Acuerdo para otorgar un estímulo fiscal de hasta el 100% a los propietarios de vehículos con un valor inferior a $250,000 pesos, pero aplicado solamente a quienes son empleados de particulares o del propio gobierno.

 

3.- Decreto LXIII-149 y LXIII-160, reforma penal

 

Una reforma polémica durante el primer año legislativo que concluyó en junio fue una amplia modificación a la legislación penal sustantiva del estado.

 

Primeramente, se calificaron como graves los delitos de torturas, atentados a la seguridad de la comunidad, peculado, robo y extorsión como delitos graves. ¿Suena bien? Creo que sí, pues este tipo de ilícitos merecen prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el proceso. Sin embargo, hay un “pequeño detalle. Esta calificación solamente puede constar en la Constitución General de la República, no en un código penal estatal. Lo que implica que si una persona investigada, por ejemplo, por el delito de peculado se le impone prisión preventiva de oficio, muy seguramente vaya a ser liberada y no porque no sea culpable, sino porque el delito no  merece prisión preventiva oficiosa de acuerdo a la Constitución. Este punto ya está impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.[2]

 

Otro punto que causó mucho revuelo en la escena local, fue la tipificación del delito de halconeo, que afectaba directamente la función periodística. Pues se decía que se aplicarían las penas propias de ese ilícito “ a quien avise o indague sobre las actividades, operativos, ubicación o, en general, respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas, o las instituciones de seguridad pública”. Se plasmó una excepción para los periodistas, pero dicha comunicación solamente podía realizarse una vez concluido el operativo. Por ejemplo, sería delito informar de acciones policiacas al interior del penal o de revisión de establecimientos.

 

A esta tipificación se le dio marcha atrás e incluso se eliminó el delito de ultraje, por considerarse que su redacción era ambigua y permitía la arbitrariedad.

 

4.- Decreto LXIII-156  por el cual se emite la Ley de Víctimas del Estado

 

La iniciativa de la Ley de Víctimas del Estado de Tamaulipas fue esperada con mucha atención pues el primer acto de campaña del actual Gobernador del Estado, fue realizado en el municipio de San Fernando precisamente con familiares de víctimas de delito. Se esperó una propuesta de ley modelo o que, por lo menos, siguiera los lineamientos de la Ley General de Víctimas aprobada por el Congreso de la Unión.

 

Sin embargo, cuando la iniciativa de ley llegó al Congreso los colectivos de víctimas manifestaron públicamente su rechazo a esta propuesta. Argumentaban que iba en contra del sentido de la Ley General de Víctimas, pues excluía a personas oriundas de otros estados a participar en el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, permitía una injerencia total del Ejecutivo en el nombramiento del Comisionado Estatal de Atención y no se le daba a dicha Comisión la naturaleza jurídica de organismo público descentralizado.

 

Finalmente, la reforma permitió que las personas de otras entidades federativas participen en el Sistema Estatal de Atención, pero dejó el nombramiento del Comisionado Estatal en manos del Gobernador del Estado, a propuesta del Secretario General de Gobierno y la Comisión se mantuvo como una dependencia de la Secretaría General de Gobierno.

 

5.- Decretos LXIII-179 y LXIII-234, contralor interno de la Universidad

 

A pesar de que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definen con claridad los alcances de la autonomía universitaria y que el manejo de sus recursos públicos están sujetos a la fiscalización de las Auditorías Superiores de la Federación y de los estados (dependiendo del tipo de recurso), después de un inesperado receso de 3 horas en la sesión del 31 de mayo, la mayoría de los diputados del Congreso, con excepción de 3 diputados del PRI, votaron a favor de una modificación a la Constitución local para que fuera el Congreso del Estado quien nombrara al Contralor Interno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En la iniciativa aprobada se expresó “considerarla como tal [órgano autónomo del Estado] para la designación por parte del Congreso del titular de su órgano interno de control, no entraña una intromisión a su libertad de autogobierno, autoadministración y autonomía académica[3].

 

Sin embargo, a pocas semanas de reformarse el artículo 143-Bis de la Constitución Local, entró de nueva cuenta una iniciativa para reformar y regresar a su sentido original esa disposición. Lo “curioso” es el cambio repentino de opinión: “la designación de un Órgano de Control Interno por parte de un externo como lo es el Congreso Local, viola en términos de la referida fracción VIl del artículo 3o. de la Constitución Federal, la facultad de autonomía que gozan las universidades y las demás instituciones de educación superior que la ley les otorga, y que tienen la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; desde esa óptica, existe un impedimento constitucional y legal para que un órgano externo como el Congreso Local, intervenga en la designación de un Órgano de Control Interno”[4].

 

6.- Decreto LXIII-180, prohibición de casinos y table dance

 

Como dije al principio, Tamaulipas se destaca a nivel nacional por penosas razones. Es por ello, que se ha buscado “cortar las fuentes de financiamiento de grupos criminales” desde diversos frentes.

 

Uno de ellos, fue a través de la reforma a la Constitución, la Ley de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas y a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, a través de la cual se prohibió al Estado y a los Ayuntamientos a expedir licencias para este tipo de giros, ya sean de alcoholes, de construcción o de uso de suelo.

 

Esta acción toma como fundamento legal una vieja disputa nacida en el estado de Nuevo León, entre el Gobierno del Estado y el municipio de San Pedro Garza García, en la que se ha concluido que las prohibiciones absolutas a este tipo de establecimiento deben constar en las leyes estatales.

 

Conclusiones

 

Los Congresos locales, como lo señala el estudio del IMCO “Informe Legislativo 2017” (2017: 7), “a pesar de su incidencia directa en la vida de los ciudadanos… pocas veces son estudiados, monitoreados, llamados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño.”

 

La falta de atención a lo que hacen los congresos locales, nos provoca llegar tarde al análisis de lo que hacen los ejecutivos. Recordemos que quien sienta las bases para la ejecución de las políticas públicas, es el Legislativo a través de leyes, asignación de presupuesto y creación de impuestos. Lo que realicen o no realicen los Gobernadores o el Presidente, tiene muchas veces como fuente la acción u omisión del órgano creador de normas.

 

Los congresos locales son órganos eminentemente políticos. A diferencia del gobierno central o de los poderes judiciales, en ellos actúan y discuten personajes de un amplio espectro de partidos políticos e independientes, pero esta composición no tiene porque convertirse en sumisión a los intereses de la mayoría partidista, sea del propio legislativo o sea la del Ejecutivo.

 

¿Cómo lograr que los poderes legislativos se desvinculen de los poderes institucionales o fácticos que están detrás de su composición? ¿Cómo evitar que la afirmación “lo pide el Presidente” o “es propuesta del Gobernador”, sea un comentario más y no una regla de actuación?

 

Mientras no se resuelvan esas y otras cuestiones, los órganos legislativos del país seguirán

[1]   http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=811697&md5=9278dfdeb6f81d7904e6a9cd2d93b366&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

[2]   http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2017_30.pdf

[3]   http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Iniciativas/Iniciativa%208%20%2031-05-%202017.pdf

[4]   http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Iniciativas/Iniciativa%201%20%2013-09-2017.pdf